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Jueves 2 de Agosto de 2012

Casa a toda costa

Por: Manuel Ernesto Rivas
Las ocupaciones de predios privados o fiscales se han convertido en una constante en nuestra provincia. Este tipo de hechos pone en el tapete la falta de soluciones al problema habitacional que padecen muchos de los tucumanos.
El domingo pasado, familias que no tienen vivienda propia, se asentaron en un predio de 30 hectáreas de extensión. Uno de los interlocutores en este conflicto, de nombre Manuel, sostenía anoche que ya eran 1.500 las familias que estaban ocupando el terreno, que pertenece al Ingenio Concepción. El domingo eran 1.000 las familias que habían instalado precarias carpas y que incluso habían parcelado el lugar para delimitar el espacio que les correspondía. Las quejas se hicieron escuchar en el lugar del asentamiento y apuntaron al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), porque la mayoría de los vecinos de Alderetes, concurrieron alguna vez a ese ente para realizar los trámites y esperar por el sueño de la casa propia. El obstáculo común señalado por los ahora “ocupantes” de ese predio, fue lo inalcanzable de los requisitos solicitados por el IPV. Ello resulta incongruente, no sólo porque no refleja la política de inclusión del gobierno nacional, sino también porque el espíritu con el que nació el mencionado organismo era el de lograr que aquellos que menos tienen pudieran alcanzar su propio techo.
“No queremos que nadie nos regale nada”, aclaró Manuel. “Queremos pagar nuestros terrenos, pero no cumplimos con los requisitos que pide el Instituto de la Vivienda”, explicó el condicionante mayor con el que se enfrentan. Los políticos y funcionarios del Ejecutivo, que en otros tiempos electorales ya hubieran estado tratando de darle una solución a estos ocupantes, brillaron por su ausencia. Desde el asentamiento de Alderetes, rodeados por los barrios Piloto, El Corte, San Agustín, San José y Antena, reclamaron la presencia del propio gobernador José Alperovich, además del intendente de Alderetes. Sin embargo, ni siquiera enviaron emisarios, como suele ocurrir en estos casos. Muchos tucumanos, como los que se vieron obligados a ocupar este predio,  quieren alcanzar su casa a toda costa. Pero no sólo se trata de aquellas personas que tienen trabajos informales y que no llenan los requisitos de los formularios del IPV. También lo padecen aquellos a los que ese organismo de la vivienda, les adjudicó una casa. Ese es el caso de los habitantes de Lomas de Tafí, o como les gusta afirmar desde el gobierno en tono rimbombante: “el megaemprendimiento habitacional de Lomas de Tafí”, en donde no se puede instalar ni un kiosko de choripán, sin correr el riesgo de que les quiten la casa adjudicada. ¿Cómo hacen los vecinos para poder comprar lo que necesitan? Se dan maña. Algunas casas, que no fueron reformadas, expenden productos a través de las ventanas. Aquellos que cometieron el pecado de realizar remodelaciones para la instalación de los comercios, son los que ahora protestan frente a la sede del IPV porque les quitaron las viviendas.
El Tribuno de Tucumán reflejó hace unos días esta arbitraria situación. Sólo están indemnes los puestos callejeros de bollos y tortillas. Tener una casa y no poder hacer nada en ella es la política que se aplica para con las personas que hicieron la cola, se anotaron, fueron a sorteo y salieron.
Por el otro lado, asoman las casa de punteros políticos o de familiares de funcionarios o de hombres de la Cámara legislativa, quienes sí pudieron remodelar sus viviendas sin peligro de que se las quiten. Algunos hasta gozaron de pavimento en calles en las que no estaba previsto aún ese beneficio.
En Lomas de Tafí hay hijos y entenados. Los privilegiados que hacen lo que quieren están cerca del poder, o forman parte de él. Mientras que la gran mayoría de los residentes en el nuevo emprendimiento habitacional se encuentran en tierra de nadie, inseguros, sin comercios, y sin la posibilidad de definir el destino de las casas que están pagando. Tampoco pueden practicar deportes sus hijos, porque en estos días se retiraron los arcos de una cancha, en la que aprendían las destrezas futbolísticas unos 90 chicos. ¿A dónde los mandaron? A un predio uibicado a la vera de la diagonal a Tafí Viejo. Ese es el precio que tienen que pagar esos vecinos para tener una casa a toda costa. No están lejos de aquellos que se encuentran asentados en un predio de Alderetes, rogando que la solución llegue antes del desalojo, antes de la violencia de ser sacados de un lugar que no les corresponde, que no es de ellos, pero al que se aferran como si trataran de hacer realidad un sueño.

* Editor general
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